You are here: REPORTES / NOTICIAS
28 DE Julio 2015
La Fundación Ambiental Acción Sustentable, personería jurídica 2307 IGPJ Provincia de Río Negro, es una Organización de la Sociedad Civil formada en 2007 por un grupo de ciudadanos preocupados por el avasallamiento de derechos ambientales y a la propiedad privada. Inspirados en el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...-”
Una vez más, la petrolera MEDANITO S.A. mediante solicitada recurre a expresar versiones a la opinión pública sin asumir verdades y obligaciones, esto es: La petrolera habla de:
– “ocupantes de las tierras”, cuando debería llamarlos propietarios de los campos.
– “de que el área ha tenido 6 operadores anteriores”, como si esto los eximiera de la obligación que ellos tienen, por Ley de Contrato de Concesiones Petroleras, la obligación de reparar el pasivo ambiental existente. O será que ellos aspiran a hacer como las empresas anteriores y dejarlo como un legado a las generaciones futuras?
– “que hay que respetar al medio ambiente y en su caso remediarlo”, lo que se interpretaría por estos dichos y actitudes que no reconocen la gravísima contaminación de suelo y aguas existentes en toda el área de Medianera.
A pesar de que la fundación ha realizado exhaustivos y completos relevamientos de impacto ambiental, mediante la participación de destacados profesionales de diversas disciplinas, en toda esa área y alrededores, presentado a la empresa y a la Justicia los informes de los mismos y que están publicados en www.fambiental.org
– “insiste en hacer referencia al uso del término Medio Ambiente”, cuando cualquiera vinculado al tema sabe que actualmente es incorrecto. La comunidad científica y legal en la actualidad lo refieren como AMBIENTE, puesto que su influencia directa es sobre el ecosistema sin límite de cuantificación. Esto es negarse empresarialmente a reconocer que no solo afecta los campos de los crianceros, sino a sectores lindantes, que desconocen la problemática, tales como Catriel, 25 de Mayo La Pampa y la toda la Cuenca del Río Colorado, puesto que el agua superficial y las napas están afectadas.
– “convenios de compensación económica realizados con los crianceros”, los que son “irrisorios tiendo en cuenta la rentabilidad que tiene la empresa y el daño que ocasionan” en los campos. También se pueden ver en www.fambiental.org
– en cuanto la participación de la fundación en las pocas y recientes reuniones que la empresa y los crianceros han tenido, la fundación deja claramente expresado que no participa, puesto que el gestor de Medanito S.A. Sr. Carocio, así lo solicito. Los crianceros tienen su representante legal que los acompaña.
Entendemos el proceder ofensivo y discriminatorio de esta empresa que mediante sus actuales expresiones, actitudes y gestiones, está manifestando. Puesto que aprovechándose del desconocimiento e ingenuidad de la gente de campo, de que ninguna organización civil o ciudadano común le ha pedido, hasta la fecha, cuentas de lo que hacen y como lo hacen, de las puntualizaciones de la localización de la contaminación y sugerencias de cómo podrían haberse evitado.
Creemos que es de mal gusto y que nos remonta a décadas poco felices de nuestro país, caratular a quienes son defensores de los derechos constitucionales como “inescrupulosos” o “espurios’.
Esperamos que surjan actitudes conciliadoras de la empresa operadora, impregnadas de fuerte seriedad y responsabilidad empresarial, que promuevan la convivencia y que cesen las maniobras de precarización de este grave conflicto, evitando dilatar los tiempos.
Nuestra fundación cree que son compatibles los derechos a la propiedad, a un ambiente sano, al trabajo y al acceso a la energía, si las empresas se comprometen a hacer las inversiones y planificar adecuadamente su labor, cosa que evidentemente no ha sido así por los resultados que están a la vista.
Es nuestro compromiso y razón social, continuar acompañado, respaldando, asesorando a quienes se encuentran vulnerados en sus derechos, defendiendo el Ambiente y la propiedad privada, dentro del marco del respeto, la tolerancia, la solidaridad y la participación que la Democracia nos permite
Sr. Francisco Anaya
Presidente Fundación Ambiental Acción Sustentable
JUEVES 09 jul 2015
DENUNCIA EN LA CORTE CONTRA YPF Y PAE
Después de 12 años de idas y vueltas en los despachos de la Corte Suprema de Justicia CSJN), la demanda por presunto daño ambiental iniciada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra YPF y otras petroleras que cuentan con concesiones en la Cuenca Neuquina registró en los últimos días algunos movimientos interesantes.
El más curioso tuvo como protagonista a Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, que en un impensado accionar respaldó ante la Justicia en forma efímera el planteo impulsado por Assupa, que exige una cifra exorbitante –alrededor de US$ 5000 millones- para remediar el presunto daño ambiental cometido por las productoras de hidrocarburos.
Por decisión del secretario del gremio, el abogado Hernán Prieto Alemandi, un ex general de brigada -retirado del Ejército en 2010 por decisión de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré- que hoy es apoderado del sindicato, presentó un escrito solicitando que el máximo tribunal acepte al gremio como co-demandante en la causa. El documento circuló entre las principales petroleras. Además de YPF, están demandadas Pan American Energy (PAE), Total y Petrobras.
El escrito dejó en evidencia una arriesgada jugada de Pereyra –también senador nacional en representación del Movimiento Provincial Neuquino (MPN)-, que desde el inicio de las actuaciones se había mantenido al margen de la demanda de Assupa, al menos en el terreno legal. En su rol de presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta, Pereyra había recibido el año pasado una carta de la asociación. Además, el sindicato que encabeza firmó convenios de colaboración con Assupa para tratar los presuntos daños en la cuenca Neuquina, que involucra a cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y parte de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, de ahí a avalar en forma explícita la posición de la entidad han un abismo de distancia. En la práctica, el aval del sindicato implicaba un apoyo importante para los intereses de la asociación ambientalista; en especial en un momento en que la Corte se apresta a tomar una resolución sobre la denuncia.
Sin embargo, más extraño todavía fue que pocos días después de la presentación inicial, Pereyra volviera sobre sus pasos y ordenara a Prieto Alemandi –que en algún momento sonó para ocupar la jefatura del Ejército- desistir de la acción judicial. Toda una rareza que en la industria no terminan de comprender. Así lo aseguraron a El Inversor Online fuentes judiciales que tuvieron acceso al expediente.
Las posiciones sobre el avance de la causa –que en forma silenciosa preocupa, y mucho, a las empresas denunciadas- son múltiples y contradictorias. Según le comentó a este medio Bruno Apis, vicepresidente de Assupa, el máximo tribunal decidió que el expediente ingresara en “etapa de prueba”, lo que implica que peritos especializados examinen si efectivamente las perforaciones lesionaron el medioambiente. En la asociación esperan contar con el beneplácito de Ricardo Lorenzetti, presidente de la CSJN, un experto en Derecho Ambiental y reconocido abogado ambientalista.
Allegados a las compañías petroleras, por el contrario, dejan entrever que el máximo tribunal se declarará incompetente y mandará la causa a tramitar a la Justicia provincial de Neuquén.
Lo concreto es que la causa de Asuppa llegó a la órbita de la Corte en 2003, cuando YPF era administrada por Repsol y cuando el tribunal todavía estaba compuesto por la mayoría de los jueces que se aprobaron durante las dos presidencias de Carlos Menem. En 2011, meses antes de que el Gobierno anunciara su expropiación, en una audiencia en el palacio de Tribunales, la petrolera que encabezaba Sebastián Eskenazi había reconocido la contaminación. Con el cambio de gestión, no hubo avances significativos al respecto.
More Articles...
REGISTRO
Dejá tu comentario
Las Malvinas Son Argentinas
códigoPIXEL